Hace más de una década, la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) fue prohibida en Honduras, pese a haber sido promovida inicialmente por el gobierno. Hoy, el debate sigue más vivo que nunca, con protestas, manifestaciones y llamados desde el Congreso Nacional para rectificar este grave error.
La Secretaría de Salud, encabezada por Alba Consuelo Flores, es señalada como responsable directa de revertir esta prohibición. A su vez, diputados como Fabricio Sandoval han abogado por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, destacando que el uso de la PAE es un tema de derechos fundamentales y no de dogmas religiosos.
La discusión también pone en evidencia cómo la influencia de grupos religiosos ha dificultado decisiones que deberían basarse en evidencia científica y en la defensa de la vida digna de las mujeres hondureñas.
La PAE es clave para prevenir embarazos no deseados, especialmente en casos de violencia sexual. Su prohibición no solo viola derechos, sino que también perpetúa el sufrimiento de niñas, adolescentes y mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) avalan que la PAE no es abortiva, desmintiendo los argumentos de grupos conservadores.
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