Boletín 11 – PAE en el marco de la necesidad de poder político femenino en Honduras

Honduras enfrenta una crisis estructural que afecta a gran parte de su población, especialmente a las mujeres. Más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que los altos índices de violencia, abuso sexual y la impunidad estructural siguen marcando la realidad del país. El reciente debate sobre las leyes hondureñas y su relación con la realidad social y política pone en evidencia la necesidad urgente de un cambio hacia un poder político femenino que exija una reorganización del marco jurídico.

El contexto de impunidad y corrupción en Honduras es indiscutible. El nuevo código penal, que entró en vigencia en noviembre del presente año, plantea varias reformas que favorecen a grupos poderosos y perpetúan la violencia contra las mujeres. La violencia de género, por ejemplo, se ha reducido a un delito leve, con penas de prisión de entre 1 y 4 años, lo que beneficia a los agresores, incluidos funcionarios públicos y grupos vinculados al narcotráfico. Además, otros delitos como el tráfico de drogas y la malversación de fondos públicos también han visto una disminución de las penas, favoreciendo a aquellos que están implicados en actos de corrupción.

Este escenario, marcado por el endurecimiento de las leyes contra la libertad de expresión y la impunidad para los gobernantes corruptos, resalta la urgencia de un poder político femenino que replantee el sistema y las leyes en función de los derechos humanos y la justicia para las mujeres.

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