En 2009, Honduras marcó un hito en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos al aprobar el controvertido Decreto No. 54-2009, que penalizó el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). Esta decisión, impulsada por opiniones personales y religiosas de legisladoras y respaldada por un poderoso lobby conservador, ignoró las recomendaciones científicas y generó un fuerte rechazo del movimiento de mujeres del país.
Aunque el presidente José Manuel Zelaya vetó el decreto por su carácter inconstitucional, el golpe de Estado de 2009 impidió revertir la medida, consolidando la prohibición bajo un régimen de facto. Hoy, a más de una década, los errores en esta decisión comienzan a ser reconocidos incluso por algunos de sus impulsores, abriendo una ventana para retomar el debate y garantizar el acceso a las PAE como un derecho esencial para las mujeres hondureñas.
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